La comunidad indígena nahua de Zacualpan en el estado de Colima se encuentra en alerta por la posible explotación de un proyecto minero a cargo de la empresa Gabfer S.A de C.V. Desde que se enteraron de la posible actividad minera, a inicios del 2013, se organizaron y han resistido a ésta contra todas las adversidades.
Consignas como “Zacualpan libre de Minería”, envuelven a los comuneros y las calles de esta comunidad.
Rigoberto Verdugo Rodríguez, representante legal de la empresa, ha estado presionando y ofreciendo coimas a los comuneros, pero la mayoría de los comuneros no han aceptado. Esto ha generado que algunas autoridades, como el comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, esté a favor de la explotación. Sin embargo, el 1 de diciembre del 2013 los comuneros de Zacualpan se reunieron en asamblea para votar si se aceptaban o rechazaban el proyecto minero. Todos los ánimos y preocupaciones indicaban que se rechazaría, sin embrago, sin previo aviso, el comisariado decide suspender la votación. Ante esto, comuneros y habitantes decidieron realizar una asamblea pública en el jardín de la comunidad en la que reúnen firmas en rechazo a la mina, desconocen a Guzmán Teodoro y hacen la declaratoria de Zacualpan como territorio libre de minería; dichos documentos son llevados a la Procuraduría Agraria delegación Colima para que convoque a nueva asamblea donde sus peticiones sean ratificadas.
El 4 de diciembre, los comuneros se manifestaron en la Cámara de Diputados del estado de Colima, demandando su intervención para que las concesiones sean canceladas. Ahí tuvieron eco y el día 11 de ese mes el Congreso aprobó un punto de acuerdo por el que exhorta a las autoridades correspondientes a cancelar las concesiones. Ese mismo día solicitaron a la Procuraduría Agraria una asamblea para acordar la destitución de sus representantes de la comunidad, pero la delegada rechazó la petición alegando que antes debía actualizarse el padrón. Que se trató de una maniobra para evitar la destitución de los representantes agrarios por actuar contra la voluntad de sus representados, quedó claro el 2 de febrero, fecha en que la misma Procuraduría Agraria convocó a otra asamblea, pero no para tratar asuntos que interesan a los comuneros sino para ofrecer proyectos productivos, lo que molestó a los inconformes, porque además se hicieron acompañar por elementos policiacos para intimidar a la comunidad.
La comunidad no se da por vencida, y durante el transcurso de los meses de febrero y marzo del 2014, realizaron cacerolazos y plantones fuera de la empresa.
Luego de varios intentos fallidos por reconocer a las nuevas autoridades de Zacualpan, las autoridades federales, estatales y municipales respaldaron la decisión de los comuneros de Zacualpan para reconocer a la nueva dirigencia, aceptando que Zacualpán debe ser un territorio libre de minería.
El delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Miguel Barragán Ornelas, afirmó que el martes 11 de marzo se validarían los documentos de la asamblea del domingo 23 de febrero, donde se destituye a Carlos Guzmán como presidente de Bienes Comunales. Igualmente, el día 11, a las 7:00 de la tarde en el jardín la comunidad, las autoridades se comprometieron a estar presentes en la entrega que Carlos Guzmán debía hacer a la nueva dirigencia del libro de actas, registros, y todos los documentos pertenecientes a la comunidad.
El 03 de junio de 2019, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) emitió un comunicado donde manifestaban que, a través del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan fueron informados que el pasado 01 de junio, hombres armados atacaron la comunidad. El ataque fue contra un grupo de jóvenes que se encontraban en plena vía pública de la comunidad de Zacualpan, uno de ellos resultó muerto y otros tres quedaron heridos de gravedad. Es importante señalar que para la REMA, como lo afirma el comunicado, “no es casualidad que, tal cual viene sucediendo en otras comunidades del país relacionadas con la intromisión de empresas extractivas, tanto las empresas como los gobiernos y gobernantes, recurren al uso de fuerzas legales e ilegales, para aterrorizar a la población y crear condiciones idóneas para debilitar la toma de decisiones colectiva” (REMA, 2019).