Descripción del conflicto minero:
La violencia y confrontación entre la población del municipio de San Juan Sacatepéquez inició en 2005, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó, sin informar ni consultar con la población, tres licencias mineras que abarcan un tercio del territorio municipal. Al mismo tiempo Cementos Progreso realizó los trámites para obtener licencia de explotación de materiales de construcción e instalación de una fábrica de cemento. Ante esta violación de la autonomía municipal, allanamiento del territorio kaqchikel y violación de múltiples artículos de la Constitución de la República, el Convenio 169 OIT, el Código Municipal y la Ley de Descentralización, la población desarrolló un proceso de información y organización para defender su territorio, sus derechos y su identidad.
En mayo de 2007 se realizó la Consulta Comunitaria en las doce comunidades directamente afectadas por Cementos Progreso y más del 99% de los votantes expresaron su oposición a la minería en su territorio. Los resultados de la Consulta autenticados por abogados fueron presentados al MEM al Congreso de la República y a la Corte de Constitucionalidad. A pesar de ello, en septiembre de 2007 el MEM otorgó la licencia de explotación a Cementos Progreso.
La violencia criminal inicia después de la Consulta Comunitaria, veinte personas han sido asesinadas en situaciones confusas, las cuales han sido calificadas por los medios de comunicación como "violencia común" o acciones contra las maras. También se ha registrado el encarcelamiento de más de setenta ciudadanos de las comunidades que se oponen a la minería y a la construcción de Cementos Progreso. Los procesos de defensa de la población han sido asumidos por la Asociación de Abogados Mayas y su presidente Lic. Amilcar Pop sufrió un atentado contra su vida en agosto 2008 y Licda Carmela Curup es continuamente amenazada de muerte.
En esa confusa y tensa situación, en junio 2008 ocurrió la muerte de Francisco Tepeu, empleado de Cementos Progreso, hecho que utilizó el presidente Álvaro Colom para imponer el estado de Excepción y ocupación militar en el municipio durante quince días. Este tiempo fue aprovechado para la libre movilización de maquinaria de Cementos Progreso por territorios indígenas, como lo denunció Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, después de realizar una visita y dialogar con los líderes comunitarios.
Al concluir el estado de Excepción la Procuraduría de los Derechos Humanos informó haber recibido veintiuna denuncias de abusos cometidos por las fuerzas armadas combinadas durante la suspensión de garantías, agresiones que incluyen violación de mujeres, maltrato de niños, robo de bienes de la población, ocupación de viviendas y utilización como puesto de operaciones militares, impedimento de movilización para los agricultores.
En agosto 2008 el gobierno nombró como mediador a Luis Velásquez, quien está a favor de Cementos Progreso; Velásquez impuso la creación del Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE, sin estar legítimamente representadas las comunidades afectadas y participando Jorge Lemke, Gerente de Cementos Progreso, individuo ajeno al quehacer municipal. En esa oportunidad se ofreció la instalación de maquiladoras en San Juan Sacatepéquez para promover el desarrollo económico, ignorando la vocación agropecuaria del territorio y desconociendo las demandas de la población.
En septiembre 2008 se instaló una mesa de negociación con participación de SEPAZ, pero el diálogo no ha avanzado. Lo ha entorpecido un grupo recientemente integrado, el llamado Movimiento Comunitario Indígena por la Paz y el Desarrollo Integral ?Francisco Tepeu", el cual defiende a Cementos Progreso y califica a quienes se oponen como "los anarquistas y extremistas". Así mismo ha hecho acusaciones contra SEPAZ y sus dirigentes.
El 9 de octubre en un comunicado el Concejo Municipal de San Juan Sacatepéquez señaló "no estamos en
contra ni a favor de la instalación de la Fábrica Cementos Progreso, sino que estamos a favor de la legalidad con que se llevó el procedimiento para la autorización de la licencia".
Como acción internacional ante esta problemática se conoce que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la Organización de Naciones Unidas en su 73º período de sesiones del 28 de julio al 15 de agosto 2008 envió carta al presidente Colom, señalando conocer que los pueblos Maya Achí, Q"eqchi" y Kaqchikel serán afectados por actividades perjudiciales para el ambiente, la salud y las formas tradicionales de vida a de sus pueblos. Así mismo conoce el proyecto de construcción de la Hidroeléctrica Xalalá, la explotación de la compañía Maya Níquel y la instalación de la fábrica Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez. Proyectos que degradan los recursos naturales necesarios para la subsistencia de las comunidades locales, impactan negativamente la cultura e identidad de las comunidades, generan conflictos y divisiones internas y violencia, con consecuencias sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. El CEDR lamenta que los pueblos indígenas no hayan sido consultados e informados acerca de estos proyectos y solicita información sobre las medidas tomadas para asegurar el derecho de participación y consulta de los pueblos. La carta está firmada por Fatimata-Binta Victoire Dah, Presidenta del CEDR, ONU. El presidente Colom no ha informado de esto a la población guatemalteca.
Ante la grave situación que vive la población de San Juan Sacatepéquez que se opone a la minería y a Cementos Progreso, el gobierno nada ha hecho a favor de los derechos de la población kaqchikel que durante siglos ha habitado y resguardado ese territorio.