El Servicio de Salud Coquimbo, emitió una resolución que obligaba a la empresa a readecuar su proceso productivo con el fin de terminar con medio siglo de contaminación, o bien cesar sus actividades. Desde entonces se inició un intenso lobby de parte de la firma que colocó a sus trabajadores y un par de parlamentarios (Mario Bertolino y Joaquín Palma) defendiendo la fuente laboral que ésta significaba para casi 300 personas, dejando como un simple detalle la contaminación por manganeso a que se vieron expuestos por años los casi dos mil habitantes de comunidades cercanas a la industria.
De este modo, levantando el fantasma de la cesantía en una región y una época sensibles ante el tema, los ejecutivos de Manganesos Atacama, perteneciente al Holding Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), consiguieron el apoyo de varias autoridades provinciales que preferían ignorar los grados de toxicidad que emanaban de esas chimeneas con el fin de no echarse encima un incremento del desempleo. Astuta estrategia que llegó a poner incluso en tela de juicio la competencia del Servicio de Salud Coquimbo y su director, el doctor Alejandro Cubillos, a quienes los empleados y directivos de Manganesos Atacama calificaron como profesionales "mal asesorados".
No obstante, el problema mayor que enfrentaba la empresa no era la suspensión definitiva de sus faenas, decretada a partir del 23 de abril del 2001 en un plazo de 90 días dentro de los cuales podía revertir la situación. Si no, la exigencia de la autoridad en salud de que la filial realizara inversiones para garantizar la salud de la población, desarrollando un sistema para aislar del medio ambiente aéreo todo el proceso productivo desde la llegada del mineral hasta la eliminación y transporte de escoria, la que después de décadas de operaciones se acumuló en verdaderos cerros, convertidos en la amenaza más evidente de contaminación para sus alrededores. De lo contrario, la alternativa era abandonar las dependencias que hasta entonces ocupaban, instaladas en medio de un sector residencial, para asentarse en un lugar fuera del radio urbano, facilitando un Plan de Cierre y Abandono que contemplara medidas de mitigación, un plan de disminución paulatina de la producción y disposiciones tendientes a eliminar esa escoria reunida.
Las pruebas que inspiraban estas exigencias no eran menores. Durante los años 1998 y 1999 el mencionado Servicio de Salud, acogiendo la preocupación de los vecinos de la población Covico, realizaron estudios para determinar la contaminación por polvo de manganeso en las viviendas más cercanas a la industria, demostrándose que el nivel del elemento en el sector era 500 veces superior al que existe en la Caleta San Pedro, un lugar donde hay manganeso de manera natural en el ambiente y que sirvió como referente de niveles aceptables.
De 183 muestras de una población de alrededor de 1.500 personas, se dedujo que el 16,4% tenía niveles de manganeso en la orina que superaban la referencia normal dada por el Instituto de Salud Pública -de 3 microgramos por litro de orina, contra el 2,5% que presentaban los habitantes expuestos a la sustancia en condiciones naturales.
Un resultado preocupante, en especial respecto de cuatro casos -tres de ellos en menores de 10 años de edad- en los que se detectaron hasta niveles de 53 microgramos por litro de sangre, en circunstancias que para trabajadores altamente expuestos, el máximo debería ser de 40.
Esto se traducía en un riesgo siete veces mayor para la población vecina a la Fundición, quienes estaban expuestos a problemas de salud que podían ir desde inflamación de mucosas o cuadros respiratorios de diversa consideración a la manifestación del manganismo, enfermedad que afecta al sistema nervioso central, produciendo daño neurológico, funcional y estructural traducido en una amplia variedad de síntomas como prolongados períodos de cefalea e, incluso, cuadros similares al Mal de
Parkinson.
El carácter irreversible de esas consecuencias, ponía como única salida al problema el adoptar medidas de prevención, idea que encontró el total respaldo de las comunidades perjudicadas que le dieron su irrestricto apoyo al Servicio de Salud IV Región.
Otro de los argumentos que utilizó la empresa, tanto ante la opinión pública como ante la justicia, sostenía que la entidad fiscalizadora imponía exigencias que iban más allá de la legislación ambiental chilena, insistiendo además -a través de su Gerente General, René Corbeaux- que la resolución respondía a una persecución personal en contra de la empresa, "en el sentido que lo único que pretende es que abandonemos el sector", agregando que la responsabilidad de estar en ese sitio no les corresponde, ya que cuando se decidieron por ese lugar, era un barrio industrial.
Una afirmación falsa de acuerdo a los hechos: a fines de los años '60s, fue la misma firma la que vendió terrenos aledaños a Ferrocarriles, con el fin de paliar el duro momento económico por el que atravesaba. Fue entonces cuando se levantó la población Covico de los trabajadores ferroviarios, con la condición de que la Fundidora se trasladara a Andacollo o bien cerrara sus puertas, hecho que no ocurrió.
La construcción de nuevas poblaciones (Sindempart y Villa Manganeso) obligó en 1984 a modificar el Plano Regulador de la comuna, estableciendo al sector como residencial, lo que implicaba el traslado de la industria.
El incumplimiento de esa disposición se debió, según confesó el Alcalde de Coquimbo, Pedro Velásquez, a que se buscaba un arreglo con los ejecutivos de la fundición para permitir la continuidad de la planta, lo que finalmente colocaba el factor económico por sobre la salud de los vecinos de seis comunidades afectadas.
Con insistencia, autoridades comunales aconsejaban que el Servicio de Salud flexibilizara su postura, mientras los pobladores -asesorados por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales- continuaban reuniendo los antecedentes que en definitiva convencieron a la Corte Suprema que rechazó a mediados del 2001 el recurso de protección presentado por la empresa, revocando así un fallo anterior de la Corte de Apelaciones de La Serena. Ello implicaba un reconocimiento tácito de la existencia de contaminación y la esperanza de que la empresa recapacitara respecto de su proceso productivo, reubicándose o tomando las medidas pertinentes.
Pero la respuesta no se hizo esperar y se cerró en la cara de los trabajadores con un golpe de indiferencia. En julio del 2001 y antes de buscar cualquier solución, Manganesos Atacama apagó los cinco hornos de la Fundición eléctrica de su Planta Guayacán, paralizando sus faenas y dejando a poco más de 200 trabajadores cesantes. La salida fácil y más corta, que a juicio de los pobladores, representados por su vocero Luis Conejeros, representa una actitud chantajista con la que se pretende presionar a la autoridad para que adopte otro camino.
De este modo, desentendiéndose de los perjuicios provocados, Manganesos Atacama deja a la deriva tanto el futuro de los desechos acumulados en sus dependencias como la salud de quienes viven afectados por la contaminación provocada. Ante esto, la Comisión Nacional del Medio Ambiente debió tomar en sus manos la definición de un plan de cierre y abandono para esta industria, mientras el tema del tratamiento para los afectados continúa sin una respuesta clara.
ANTECEDENTES
Parece ser que la resolución del Servicio de Salud Coquimbo que condicionaba la continuación de las operaciones de Manganesos Atacama al respeto de las normas medioambientales, le cayó como anillo al dedo a la plana mayor de la Compañía de Aceros del Pacífico. Ello porque, aunque en un comienzo los ejecutivos de Manganesos Atacama levantaron banderas de lucha para defender los puestos de sus trabajadores, ese discurso se fue apagando hasta extinguirse completamente una vez conocido el fallo de la Corte Suprema que acogía las exigencias impuestas a la industria de parte de las autoridades de salud de
la IV Región. Fue entonces cuando el abrupto término de las faenas de esta firma que produce el 75% del manganeso en Chile, desmintió el interés de "seguir hasta las últimas consecuencias" para garantizar el funcionamiento de la Fundición.
Y es que existen una serie de aspectos que no son casuales. Esta decisión llega justo en momentos en que el holding busca reducir los costos para afinar su capacidad de comercialización de cara a coyunturas como el Mercosur. Es por este motivo que el recelo demostrado por la Coordinadora Ambiental de la IV Región, que agrupa a más de doce entidades ambientales y sociales de Coquimbo, no es gratuito. En su oportunidad, el organismo acusó a ese grupo económico de hacer uso del conflicto para reestructurar de modo insensible una de sus empresas y abaratar costos. A lo anterior se agrega la resistencia de la empresa por cambiar su lugar de emplazamiento debido a razones económicas, descartando de este modo una de las alternativas que se le daba. Esto en circunstancias que el consorcio que está detrás había adquirido importantes paquetes de acciones, tomando el control de grandes empresas de manufactura metalera y demostrando estar en un período de expansión.
La premisa parecía ser entonces no invertir por ningún motivo o, bien, dejar de funcionar, sin importar el costo social que ello implicara. Una decisión unilateral que dejó en claro cuáles eran los verdaderos intereses de una industria que, en medio siglo de operaciones, hizo trabajos de mejoramiento insuficientes (forestar el perímetro e instalar mangas de captación para reducir el nivel de particulado), utilizando tecnologías obsoletas que representaban una falta de respeto para las medianas empresas que sí han hecho fuertes inversiones en el sector, rigiéndose por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.